El procurador general de la República, Francisco Domínguez
Brito, informó ayer que fueron arrestados dos procuradores fiscales
adjuntos de San Pedro de Macorís, acusados de recibir medio millón de
pesos como soborno.
Los fiscales adjuntos fueron identificados como Solaine Vargas y Pedro García, ambos arrestados en el momento en que recibían RD$500 mil de manos de familiares de un imputado.
El dinero que recibieron los procuradores fiscales adjuntos había sido marcado por la Inspectoría General del Ministerio Público, en una operación mediante la cual se les daba seguimiento tras varias denuncias de irregularidades.
“Resulta inaceptable y lamentable este hecho. Si queremos combatir la corrupción a todos los niveles, en modo alguno podemos permitir que se actué al margen de la ley dentro de nuestra institución. Como Ministerio Público estamos llamados a ser ejemplo, para poder combatir hacia afuera”, dijo Domínguez Brito.
Coerción sería esta tarde. Será en horas de la tarde de hoy cuando se le conozca la medida de coerción a García y Vargas Molina, quienes se encuentran bajo arresto desde la noche del pasado miércoles.
La magistrada Ingrid Pamela Rijo Caraballo, de San Pedro de Macorís, informó que es la presidenta de la Corte de Apelación, Marcelina Hernández Japa, quien debe designar al juez que conocerá la medida de coerción a los fiscales, porque ellos tienen jurisdicción privilegiada.
Según la acusación hecha por la Procuraduría General, ambos fiscales están acusados de violación al Código Penal y la Ley 133 del Ministerio Público.
Las imputaciones son extorsión, asociación de malhechores, soborno y chantaje. Además de la medida que se le imponga por la violación al Código Penal, se espera reciban medidas disciplinarias por violación a la ley interna del Ministerio Público.
La magistrada Rijo Caraballo afirmó que la investigación fue realizada luego de varias semanas de trabajo de inteligencia y que la parte final de ese proceso se ejecutó con el apresamiento de ellos.
Los fiscales adjuntos fueron identificados como Solaine Vargas y Pedro García, ambos arrestados en el momento en que recibían RD$500 mil de manos de familiares de un imputado.
El dinero que recibieron los procuradores fiscales adjuntos había sido marcado por la Inspectoría General del Ministerio Público, en una operación mediante la cual se les daba seguimiento tras varias denuncias de irregularidades.
“Resulta inaceptable y lamentable este hecho. Si queremos combatir la corrupción a todos los niveles, en modo alguno podemos permitir que se actué al margen de la ley dentro de nuestra institución. Como Ministerio Público estamos llamados a ser ejemplo, para poder combatir hacia afuera”, dijo Domínguez Brito.
Coerción sería esta tarde. Será en horas de la tarde de hoy cuando se le conozca la medida de coerción a García y Vargas Molina, quienes se encuentran bajo arresto desde la noche del pasado miércoles.
La magistrada Ingrid Pamela Rijo Caraballo, de San Pedro de Macorís, informó que es la presidenta de la Corte de Apelación, Marcelina Hernández Japa, quien debe designar al juez que conocerá la medida de coerción a los fiscales, porque ellos tienen jurisdicción privilegiada.
Según la acusación hecha por la Procuraduría General, ambos fiscales están acusados de violación al Código Penal y la Ley 133 del Ministerio Público.
Las imputaciones son extorsión, asociación de malhechores, soborno y chantaje. Además de la medida que se le imponga por la violación al Código Penal, se espera reciban medidas disciplinarias por violación a la ley interna del Ministerio Público.
La magistrada Rijo Caraballo afirmó que la investigación fue realizada luego de varias semanas de trabajo de inteligencia y que la parte final de ese proceso se ejecutó con el apresamiento de ellos.
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